El teléfono móvil y su prueba documental.

Los teléfonos móviles inteligentes -smartphones- se han convertido, nos guste más ó menos, en el apéndice de muchos de nosotros. Eso ha hecho que la práctica judicial haya tenido que resolver cómo llevar a los procedimientos todas las cuestiones que podemos acreditar con ellos, con sus cámaras, micrófonos y aplicaciones. Y si, por mucho sonido, y mucho video que llevemos, en general, no dejarán de ser prueba “documental”…

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la grabación por cualquiera de los intervinientes de una conversación para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ellos, no supone una invasión de la intimidad. Es más, realizar una grabación para ser utilizada como prueba del que graba, no vulnera ningún derecho fundamental de los otros intervinientes, y al mismo tiempo sirve al ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial efectiva (STC de 29/11/1984, STC 24/03/2003, STS 13/03/2013).

Cosa distinta es cuando esa grabación es hecha por un tercero, en cuya caso si es posible que estemos ante una vulneración de la Ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, e incluso del artículo 197 del Código Penal. De hecho, la grabación de una conversación ajena, esto es, por alguien que no participa en la conversación, no valdría como prueba en juicio, si se ha hecho sin consentimiento de los intervinientes y sin autorización judicial, porque sería una prueba que atenta a los derechos fundamentales de los comunicantes.

Respecto a las grabaciones de vídeo pueden efectuarse en cualquier espacio donde no se desarrolle la privacidad, independientemente de la titularidad del lugar que se graba. Así, no serán válidas grabaciones dirigidas al interior de domicilios o espacios protegidos por el derecho a la inviolabilidad del domicilio o la intimidad, como tampoco lo serán las que se efectúen en lugares públicos en los que también pueda desarrollarse una actividad con expectativa de privacidad frente a terceros (lavabos o probadores en negocios abiertos al público). Podemos decir que las grabaciones de video hacen prueba en juicio con los requisitos anteriormente expuestos aunque no es necesario que el sujeto sea participe de los hechos que se están grabando.

Más delicado y complejo es el tema de las grabaciones con cámara oculta, no siempre será prueba válida ni siempre será ilegal, sino que dependerá del caso concreto, de la gravedad del hecho investigado, el grado de injerencia en el derecho afectado y demás condicionantes que el juez deberá valorar y ponderar para determinar la regularidad de la investigación y la posibilidad de valorar la prueba.

Por último, ¿que pasa con la información que guardamos en los programas de mensajería?. Con ello existen muchos recelos para admitir, sin más, la prueba extraida de un programa de mensajería: ¿Estamos seguros de quien es el autor de los mensajes que se enviaron desde determinado terminal?, ¿han sido manipulados?…

Lo primero que debemos tener claro es que es imprescindible contar con un testimonio de los mensajes, realizado por el Letrado de la administración de justicia ó un notario que levante acta de los mismos. Además, si no tenemos un informe pericial técnico al respecto, es importante también poder demostrar la titularidad de la línea, que el teléfono era utilizado por el autor de los mensajes, etc…

Por cuestiones técnicas que no entraremos a enumerar, lo cierto es que existen numerosas formas de alterar esos mensajes incluso en el propio terminal, sin dejar rastro, lo que obliga a que la jurisprudencia sea muy cautelosa -y exigente- con estos medios de prueba, hasta el punto que la jurisprudencia del TS viene negando validez absoluta a estas pruebas, exigiendo incluso que para dar fe de los mismos vayan acompañadas de la correspondiente prueba pericial sobre su autenticidad, y así, la STS de 19 de mayo de 2015 establece que:

  “La prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido”.

Como vemos, las exigencias son muy estrictas. No es fácil, y los recelos, como decimos, están justificados.Precisamente en 2014 unos programadores españoles demostraron que en wathsapp, por ejemplo, podría cambiarse el emisor de uno de los mensajes mediante herramientas informáticas, lo que ha implicado una pérdida de confianza en estos sistemas como prueba en un juicio.

En todo caso, no olvidemos que la prueba siempre será algo de valoración libre por el Juzgador, y ya que nuestra legislación procesal sigue sin estar adaptada a estas nuevas tecnologías, debemos tomar muchas cautelas con estas cuestiones, y rodearlas de todos los indicios que puedan reforzar los hechos que pretendemos acreditar.

Prisionera

 

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