Los menores en la orden de protección

Prisionera

Acaba de entrar en vigor una reforma de la LECr. que obliga a los jueces a pronunciarse obligatoriamente en la orden de protección sobre la situación en que quedan los menores e incapaces en los procesos de violencia de género, de modo que, sin necesidad de que lo solicite alguna de las partes, tendrán que dictar de oficio cuestiones como el lugar en el que vivirán, quién ostentará su custodia o si se impone régimen de manutención.

Se trata del artículo 544 ter. 7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que  introduce esta novedad en los procesos de orden de protección, en los que hasta ahora, el juez sólo había de pronunciarse sobre los hijos menores de edad de la víctima si alguna de las partes lo pedía.

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. Cuando existan menores o personas con capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima y dependan de ella, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de las referidas medidas.

Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que resulte competente.

Aunque el precepto establece que las medidas civiles deben ser solicitadas por la víctima, su representante legal o el Ministerio Fiscal, se incluye la novedad de que, cuando existan menores o incapaces que convivan con la víctima y dependan de ella, el juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de las referidas medidas civiles: Régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia, prestación de alimentos, y en general cualquier medida que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.

Como ocurría antes, estas medidas tendrán una vigencia de 30 días, y se prorrogarán por el mismo plazo, siempre y cuando por la la víctima se inicie un proceso de familia por la vía civil, que tendrá que ratificarlas, modificarlas, e incluso, dejarlas sin efecto, según las circunstancias.

Entendemos acertada la reforma, porque no eran pocos los casos en que se dictaban ordenes de protección sin regular las cuestiones civiles relativas a los menores. Con esta reforma, se garantiza su protección, sin perjuicio de la suerte que puedan correr esas medidas en el posterior procedimiento de familia.

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