El proceso hipotecario español sigue levantando dudas a la normativa europea

La jurisprudencia europea sigue teniendo serias dudas sobre la legalidad del procedimiento hipotecario español, a pesar de la reciente (y profunda) reforma a la que se sometió como consecuencia de la famosa Sentencia TJUE (Sala Primera) de 14 marzo 2013.

Este mes de Julio el TJUE ha vuelto a cuestionar el procedimiento de oposición a la ejecución hipotecaria, esta vez, en materia de recursos, advirtiendo que sigue sin respetar ni garantizar los derechos de los consumidores, al impedir la posibilidad del recurso de apelación cuando se desestima la oposición del consumidor, pero no así cuando se estima, en cuyo caso el acreedor puede recurrir el fallo. Esto, conforme a la reciente STJUE, Sala Primera, S de 17 de Julio de 2014, al estar ante cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, podría chocar con lo dispuesto enel art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Dicho precepto, literalmente, dice lo siguiente:

Artículo 47

Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en elpresente artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.

Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia

Según la sentencia citada, dicho precepto debe interpretase en el sentido de que se opone a un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que el deudor ejecutado no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.

 

No en balde, los Estados miembros tienen la obligación de garantizar la efectividad de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a los justiciables frente a la aplicación de cláusulas abusivas, y ello implica una exigencia de tutela judicial, consagrada asimismo en el artículo 47 de la Carta, que el juez nacional debe observar.

Reproducimos los apartados 43, 45 y 46 de dicha STJUE, Sala Primera, Sentenciade 17 de Julio de 2014:

“43. Habida cuenta de las mencionadas características, en el supuesto de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la ejecución hipotecaria de un bien inmueble de su propiedad, el sistema procesal español, considerado en su conjunto y tal como resulta aplicable en el litigio principal, expone al consumidor, o incluso a su familia -como sucede en el litigio principal-, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la venta forzosa de ésta, siendo así que el juez que tramita la ejecución, en su caso, habrá llevado a cabo, a lo sumo, un examen somero de la validez de las cláusulas contractuales en las que el profesional fundamentó su demanda. La tutela que el consumidor, en su condición de deudor ejecutado, podría obtener eventualmente de un examen judicial distinto, efectuado en el marco de un proceso declarativo sustanciado en paralelo al procedimiento de ejecución, no puede paliar el mencionado riesgo, puesto que, aun suponiendo que tal examen desvele la existencia de una cláusula abusiva, el consumidor no obtendrá una reparación in natura de su perjuicio, que le reintegre a la situación anterior al despacho de la ejecución del bien inmueble hipotecado, sino que obtendría únicamente, en el mejor de los casos, una indemnización que compensara tal perjuicio. Ahora bien, este carácter meramente indemnizatorio de la reparación que eventualmente se conceda al consumidor le proporcionará tan sólo una protección incompleta e insuficiente.No constituye un medio adecuado y eficaz, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, para lograr que cese la aplicación de la cláusula considerada abusiva del documento auténtico de constitución de hipoteca sobre el bien inmueble que sirve de base para trabar el embargo de dicho inmueble

45. Así pues, resulta manifiesto que el desarrollo ante el órgano jurisdiccional nacional del procedimiento de oposición a la ejecución, previsto en el artículo 695 de la LEC , coloca al consumidor, en su condición de deudor ejecutado, en una situación de inferioridaden relación con el profesional, en su condición de acreedor ejecutante, en lo que atañe a la tutela judicial de los derechos que puede invocar, al amparo de la Directiva 93/13, frente a la utilización de cláusulas abusivas.

46. En tales circunstancias, procede declarar que el sistema procesal controvertido en el litigio principal pone en peligro la realización del objetivo perseguido por la Directiva 93/13. En efecto, este desequilibrio entre los medios procesales de que disponen, por un lado, el consumidor y, por otro, el profesional, no hace sino acentuar el desequilibrio que existe entre las partes contratantes”(STJUE, Sala Primera, S de 17 de Julio de 2014).